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Para enmendar errores frente a una posible crisis política…reforma constitucional pactada?

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Por: Marcos J. Núñez / “Opinando”/

Desde hace varios meses, los principales colaboradores y otros acólitos del presidente Danilo Medina Sánchez, vienen “rumiando” la contrariedad de que éste no pueda presentarse a una nueva re-postulación en el 2020 y no pueda volver a ser candidato nunca más.

Voces agoreras más interesadas en reelegirse ellos en sus cargos y privilegios que da el poder, alzan su voz desesperados e insisten en programas y medios “bocinescos”, la gran injusticia que resulta para ellos aquel artículo transitorio que el propio mandatario se autoimpuso como condición para optar por una primera re-postulación consecutiva y jubilarse dando paso a nuevos exponentes de liderazgos y aspirantes en su partido, el PLD.

Hay que recordar que el 31 de agosto de 2015, el mandatario juró ante el plenario del congreso elector del PLD, convertido en asamblea de delegados, que “juraba por Dios que no volvería a buscar otra reelección o la presidencia de la república.”

Sin embargo, el presidente Medina ha continuado con las llamadas “visitas sorpresa”, así como, la publicidad oficial masiva y los comunicadores de medios tradicionales cercanos a la administración (la mayoría) continúan con las loas y el culto a la personalidad del mandatario, lo que podría interpretarse como una señal de que una segunda repostulación consecutiva, no está descartada del todo en la agenda palaciega.

Pero en la realidad, el miedo a una reelección consecutiva o alternativa no nos debe paralizar para tratar de corregir entuertos ajenos o propios.

La constitución del 2010, dice en su artículo 209, numeral 1 parte in fine, se indica que se celebraran elecciones municipales separadas de las elecciones presidenciales y congresionales en el 2020, siendo las primeras organizadas para el tercer domingo de febrero de ese año y las demás elecciones, el tercer domingo de mayo del mismo año. Las complejas elecciones municipales se harían tres meses antes de las elecciones presidenciales pero todo sabemos el cúmulo de impugnaciones electorales que se suscitarían en un proceso con voto preferencial donde habrán miles de candidatos a cargos municipales. Llegariamos hasta las elecciones de mayo todavia con el proceso electoral de febrero sin concluir.

Además vemos como el ministerio público frente a casos de corrupción local y de naturaleza internacional, se maneja con negligencia para garantizar impunidad al poder político y muestra poca independencia en la toma de decisiones.

Del mismo modo, observamos como muchos funcionarios electos y altos cargos designados en las diferentes administraciones, incluida esta, no temen a la justicia ni tampoco al pueblo al comportarse de manera inadecuada e indelicada en el manejo de los recursos públicos y bienes del Estado, dado que existe una indiferencia, un adormecimiento social y poco empoderamiento ciudadano que gracia a la llamada “Marcha Verde”, se ha ido revirtiendo poco a poco.

Es por lo anterior y otras situaciones político-institucionales más, que entendemos necesario ponderar la posibilidad de pactar o consensuar entre todos los actores políticos del sistema, una reforma constitucional parcial antes de concluya el actual periodo de gobierno.

Y es que debemos ser realistas: lo inmediato se antepone a lo futuro y si queremos comenzar a sentar las bases de una especie de “transición” hacia un modelo democrático más incluyente, en donde exista mayor participación de la gente en las decisiones del Estado, debemos buscar vías de avenencia para posibilitar una solución ante posibles crisis políticas o de gobernabilidad, sin otorgar más concentración de poderes al mandatario de turno, lo cual seria altamente pernicioso.

Por tanto y en el entendido de que hay el interés de crear condiciones para el fortalecimiento institucional, aumentar la participación ciudadana y democratizar las instituciones, sugerimos una serie de puntos a tomar en cuenta de cara a una posible reforma constitucional:

  • Fijar en 75 años la edad límite superior para postularse a cargos de elección popular (exceptuando los senadores vitalicios en caso de aprobarse), empezando por la presidencia de la república y extensivo a todos los poderes o funciones del Estado. El poder sirve para transformar, la experiencia es un referente del pasado para el presente y el futuro, pero la renovación generacional e institucional de las organizaciones y del Estado, es un imperativo para propiciar nuevas visiones e ideas actualizadas pero con carácter de continuidad, sobre políticas públicas integrales.
  • Prohibir definitivamente la reelección presidencial consecutiva y permitir la posibilidad de presentarse como candidato a un presidente o ex presidente de la república para una reelección alterna después de uno o dos periodos de por medio, luego de haber salido del poder la última vez.
  • Aumentar el periodo presidencial para que en vez de cuatro (4) años o un cuatrienio, un periodo presidencial sea de cinco (5) años o hasta de seis (6) años. Con esto se busca tratar de generar relevo en las organizaciones políticas y en los liderazgos nacionales partidarios.
  • Cambiar la fecha de las elecciones a partir del periodo que inicie en 2024 o más allá de esa fecha, para moverla al tercer domingo de junio con una segunda vuelta el tercer domingo de julio, esto es 30 días después y no más de 40 días como hasta ahora. Elecciones a mitad de año con una larga transición del mando, es lo sensato para ordenar mejor la entrega del poder y no a mitad de año, lo cual acorta insensatamente mandatos y genera premuras que caotizan el desenvolvimiento del nuevo gobierno con el año fiscal, el cual va del primero de enero al 31 de diciembre de cada año calendario.
  • Cambiar la toma de posesión del presidente-vicepresidentes para que en vez del 16 de agosto, la fecha sea movida para el 26 de enero del año siguiente de la elección, una transición de 6 o 7 meses. Y que se mantenga la toma de posesión de los congresistas electos en mayo o junio, el 16 de agosto siguiente, para que el nuevo congreso sea el que apruebe el nuevo presupuesto general del Estado a ejecutar por el poder ejecutivo, en el último cuatrimestre del año, para que el nuevo gobierno inicie con su propio presupuesto en enero del año siguiente y no que el nuevo gobierno, asuma funciones en agosto 16 como ha sido la tradición, ejecutando un viejo presupuesto manipulado y desconocido, lo cual ha quedado demostrado que deja muchísimos problemas financieros y crisis de diversa índole. Hay que ordenar y revisar la oficina antes de recibirla de manos del antiguo incumbente.
  • Poner otro transitorio para que si la reforma parcial se realiza antes de 2020, el presidente de turno, no pueda presentarse inmediatamente sino para el siguiente periodo electoral, que podría ser en 2024 o más allá en todo caso.
  • Crear el cargo de Primer Ministro como jefe de gabinete y de gobierno. Se debe reducir el hiper-presidencialismo y hacer más democrática, descentralizada –menos personalista- las decisiones de la administración del Estado.
  • Instaurar una presidencia de la república con un ejecutivo colegiado, teniendo un vicepresidente ejecutivo como primer sustituto del presidente y colaborador directo de aquel para las cuestiones administrativas que sean delegadas; y un segundo vicepresidente designado que fungiría como presidente ex oficio del senado y la asamblea nacional, votando en caso de empate.
  • Aprobación obligatoria por parte del congreso del cargo de Primer Ministro sometido por el presidente de la república, para formar gobierno por un periodo de dos años renovables por ratificación congresional, por dos periodos más de dos años. En caso de renuncia, el primer ministro deberá hacerlo conjuntamente ante el presidente de la república y la asamblea.
  • Establecer que el Presidente de la República como Jefe de Estado sólo podría nombrar directamente sin someter su aprobación al Congreso Nacional a los ministerios de defensa, de relaciones exteriores, consultor jurídico, ministro administrativo, interior y policía, energía y minas. El primer ministro y los demás ministros del gabinete cuyo nombramiento no sea potestativo del presidente de la república, deberán ser ratificados por el Congreso Nacional, con las excepciones que indique la ley.
  • Convertir al Procurador General de la República en un funcionario administrativo netamente de carrera y no designado directamente por la función ejecutiva como hasta ahora y que sea escogido de una terna que a esos fines someta el poder ejecutivo al Congreso Nacional, instancia que deberá ratificar o rechazar con mayoría calificada dicho sometimiento. No podrá ser militante o simpatizante político en lo absoluto.
  • Organizar la elección de los Fiscales del Distritos Judiciales con más de 250 mil habitantes (de acuerdo a los datos que sirva la Oficina Nacional de Estadística) por vía del voto popular, en elecciones separadas de las presidenciales, congresionales y municipales. Además que estos fiscales no posean militancia o simpatía política conocida, por lo menos 5 años antes de la elección donde participen.
  • Instaurar la elección de una tercera parte de los jueces que componen la Suprema Corte de Justicia, incluyendo su presidente y también someter a elección por el voto popular a los jueces de las cortes de apelación de los departamentos judiciales con más de 400 o 500 mil habitantes.
  • Establecer el referendo revocatorio del mandato constitucional para todos los funcionarios electos y en funciones, cuando se haya comprobado judicialmente, algún delito o crimen vinculado a la función pública. Ahora sólo existe el referendo consultivo y el aprobatorio, debemos de profundizar el proceso y crear mecanismos para que el pueblo que es quien da el poder, también sea quien directamente lo quite, sin subterfugios o truchimanerias. El referéndum revocatorio de todos los cargos de elección popular se podría tramitar por petición de un 15% de los ciudadanos debidamente habilitados e inscritos en el registro nacional electoral.
  • Crear el Consejo del Poder Ciudadano del que formará parte orgánica, el Defensor del Pueblo quien también deberá ser un funcionario electo por la ciudadanía. Esta especie de consejo, tendrá funciones de velar por la transparencia y control a la corrupción estatal. Su propósito será de dotar a la República Dominicana de una entidad pública descentralizada que supervise y vigile el respeto a los derechos fundamentales, con capacidad de sancionar moralmente o censurar actuaciones de funcionarios y entidades públicas, también garantizar la activación de los mecanismos de la democracia participativa directa en todas sus manifestaciones y proponer de manera exclusiva al congreso, los posibles miembros de la Junta Central Electoral. Los miembros y sustitutos del Consejo del Poder Ciudadano no deberán ser dirigentes políticos, por lo menos diez (10) años antes de su elección como miembros, al igual que el Defensor del Pueblo y los miembros de la Junta Central Electoral.
  • Elegir los miembros rectores del Consejo del Poder Ciudadano, el Defensor de Pueblo y del Poder Electoral durante dos periodos presidenciales más un año, sin reelección de por vida. Serán inamovibles mientras ejerzan los cargos.
  • Establecer la existencia del Poder Constituyente y el Poder Ciudadano a través de la creación de la Asamblea Constituyente (conformada por políticos y por ciudadanos no partidistas) para realizar futuras reformas a la constitución que se puedan materializar y expresar plenamente, a través de los mecanismos de la democracia participativa. También establecer una mayoría super-calificada para aprobacion de futuras reformas.
  • Crear el cargo congresional de “Senador ad vitam” para los ex presidentes y ex vicepresidentes electos por la vía electoral-constitucional únicamente. Los ex presidentes y ex vicepresidentes de la república son hombres o mujeres de Estado, dignatarios cuya experiencia y ejercicio, son una obligada fuente de consulta para otros presidentes y estadistas. La jubilación y retiro por la vía rápida no es del todo recomendable.
  • Limitar la reelección consecutiva de legisladores en ambas cámaras a dos periodos congresionales únicamente.
  • Instaurar la elección parcial de la mitad de la cámara de diputados a mitad del mandato presidencial, en mayo o noviembre y la otra mitad conjuntamente con las elecciones presidenciales en la fecha que se disponga.
  • Otorgamiento provisional de facultades legislativas restringidas al presidente de la república una sola vez y durante 7 días, durante el receso de las cámaras y luego de las elecciones de medio término, en el caso de que el partido gobernante haya quedado en una minoría de representación inferior a un tercio de los miembros de la asamblea.
  • Otorgar al Congreso Nacional la facultad constitucional para elegir al primer ministro y los demás ministerios y dependencias que le someta el primer ministro ya electo, para su aprobación, siempre que no sea potestad del presidente de la república para nombrar, incluyendo al gobernador del Banco Central, contralor o auditor general de la república y demás organismos e instituciones descentralizadas para el control del Estado.
  • Unir las elecciones municipales de febrero de 2020 y las presidenciales-congresionales de mayo del mismo año, para volver a separarlas en una línea de tiempo más propicia para reducir el arrastre y el clientelismo, suspender temporalmente el voto preferencial municipal hasta poder hacer viable su aplicación, así como, establecer los chequeos y balances al ejercicio del poder, bajo la modalidad ya conocida de elecciones de medio término.

Tentativamente proponemos que las próximas elecciones municipales se celebren el último domingo del mes de noviembre de 2024, después de las posibles elecciones presidenciales-congresionales del tercer domingo de mayo o junio de 2024, es decir, seis meses después de aquellas y no tres meses antes como ahora; y la toma de posesión a partir de ese momento sea los 26 de enero del año siguiente a la elección municipal.

Así sería más práctico establecer el voto preferencial a nivel municipal y medir las ejecutorias de incumbentes municipales y del gobierno en general.

  • Limitar la reelección de los alcaldes y concejales a dos periodos consecutivos únicamente.
  • Creación del Consejo del Poder Municipal a partir de la fusión por absorción de la Liga Municipal Dominicana y la institución privada, Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), como nuevo órgano rector y supervisor de los gobiernos municipales, cuyos miembros rectores o consejeros podrían ser elegidos por el voto popular en las elecciones municipales generales para ejercer durante dos periodos períodos presidenciales. Los rectores o consejeros no podrían ser alcaldes y concejales en ejercicio para el periodo que fuesen electos.
  • Crear las gobernaciones regionales con gobernadores electos por el voto popular a mediados de mandato en elecciones parciales, con atribuciones y facultades de co-gobierno para la desconcentración del poder ejecutivo y llevar la descentralización del Estado más allá del Gran Santo Domingo y Santiago de los Caballeros. Cada región del país produce riqueza de diferentes formas e ingresos nacionales para el Estado, pero quizás no reciben en seguridad, bienes y servicios lo que aportan al producto interno bruto. Al mismo tiempo tenemos un territorio muy reducido de 48 mil kilómetros cuadrados y una fragmentación muy alta de las demarcaciones político-administrativas con 32 provincias. UNA EXAGERACIÓN.

Igualmente el presidente de la república es un semidiós que debe hasta resolver la construcción de una letrina pero ese mismo Estado central hipertrofiado con 32 entidades provinciales en tan poco territorio isleño, autoriza que el presidente nombre 31 gobernadores civiles provinciales por decreto, funcionarios decorativos que son una mera extensión de la voluntad del poder ejecutivo, carentes de presupuesto y operatividad para resolver los problemas micro y macro de la gente en las provincias y municipios que conforman las regiones. El hiper-presidencialismo en dominicana debe comenzar a cambiar.

Estas son tan solo algunas pinceladas y sugerencias que como simple ciudadano,  proponemos a quien pueda interesar, como punto de partida para empezar a construir el cambio, siempre a favor de los mejores intereses del país.

 

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