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FINJUS advierte dominicanos protestan por inseguridad, desorden y la corrupción

FOTO DE FINJUS SERVIO TULIO CASTAÑOS

SANTO DOMINGO, R.D.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), criticó que en el día del Poder Judicial el sistema se encuentra inmerso en una aguda crisis institucional, sin precedentes.

FINJUS afirma que tal situación que “está relacionada con la incapacidad de algunas instituciones democráticas de cumplir adecuadamente los mandatos que les asigna la Constitución”.

El vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que con una mirada rápida por las distintas esferas de la economía, la salud, la educación, los servicios básicos, la seguridad ciudadana, e incluso la formación de las leyes, “muestra las debilidades institucionales que brotan en muchos actos de la Administración Pública o los poderes del Estado”.

“La ciudadanía manifiesta abiertamente su insatisfacción por la inseguridad, el desorden y la corrupción, elementos que están íntimamente vinculados con los trabajos del sistema de justicia”, dijo.

Manifestó que en el año 2015 quedaron claras las consecuencias negativas de que el país no profundizara las reformas institucionales que fueron consensuadas y emprendidas en los últimos años, al posponerse cambios urgentes que se requieren en las áreas vitales de la economía, la política y la sociedad.

Castaños Guzmán destacó que en el caso del sistema de justicia es doblemente grave la situación porque cuando la percepción ciudadana es de desconfianza en las instituciones que la conforman, la calidad de la democracia, las expectativas de desarrollo y progreso sufren gravemente.

“Nos preocupa que siga creciendo en el país la creencia de que nuestro principal problema es la impunidad, porque si no se corrige a tiempo este factor puede convertirse en un peligroso lastre para el desarrollo nacional”.

Al tiempo, señaló como un ejemplo de esto la crisis aguda del sistema de justicia penal que en 2015 volvió a fallar al no poder procesar y juzgar los casos emblemáticos en materia de corrupción pública, así como investigar y perseguir las fuentes de la corrupción en el Estado.

Especificó los casos relacionados con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), tanto en el suicidio del arquitecto como en la remodelación del Hospital Darío Contreras, han indignado la sociedad dominicana, sin que tengamos a la vista una respuesta contundente en el sistema de justicia.

En 2015, además dijo que la sociedad dominicana observó, sorprendida y decepcionada, como casos emblemáticos ligados con la transparencia en el sector público no pudieron llegar a juicios de fondo, con las garantías propias del debido proceso de ley.

“Múltiples sectores sociales, tanto desde los medios de comunicación, la comunidad jurídica e instituciones eclesiales, mostraron su oposición a que el Ministerio Público no continuara ejerciendo otros recursos disponibles en esos procesos”, advirtió.

Aseguró que las deficiencias institucionales para transparentar el Estado dominicano se reflejan asimismo en el incumplimiento de la ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio, luego de que la Cámara de Cuentas presentara al Ministerio Público una lista de más de 1,250 funcionarios públicos que no habían realizado su declaración en el plazo estipulado en la ley.

“La gravedad de la crisis en el sistema de justicia tomó ribetes desproporcionados tras la acusación del presidente de la Suprema Corte de Justicia a un miembro destacado del Consejo del Poder Judicial y a otros magistrados, por supuestos actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, a algunos de los cuales el Ministerio Público les abrió un proceso judicial”, resaltó FINJUS.

Pidió que para el sistema de justicia, 2016 debe ser un año donde se planteen alternativas de solución al incumplimiento por parte de los poderes ejecutivo y legislativo de la ley de autonomía presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público, lo que constituye un obstáculo decisivo en el camino de dotar al sistema de justicia de las capacidades para desarrollar eficientemente sus tareas constitucionales.

Por: Enrique del Rosario.

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