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La participación de República Dominicana en el Pacto Mundial sobre las Migraciones y Refugiados de la ONU

Por: Marcos José Núñez / “Opinando” /

En las últimas décadas, ha sido un tema recurrente en nuestro país, las dificultades en el manejo de la migración a través de la frontera que honrosamente compartimos en esta isla con la hermana República de Haití.

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Como es conocido de todos, la inestabilidad política y la permanente crisis económica de nuestro vecino, es la principal causa de la emigración de sus nacionales hacia nuestro territorio, a tal punto que se estima entre cuatrocientos mil a un millón, los haitianos residentes legales e irregulares, entre nosotros.

No obstante, el gobierno de la nación dominicana, a raíz de un controversial fallo emitido por el Tribunal Constitucional (TC/No.168-2013), inició un proceso de regularización de haitianos en nuestro país que fue apoyado por una buena parte de la población dominicana, por entender correcta la medida, tendente a garantizar tranquilidad y estabilidad a miles de trabajadores haitianos con derechos adquiridos y años radicados en el país.

Empero, no debemos olvidar que es potestativo de cada Estado y sus instituciones de gobierno, establecer los procedimientos para obtención de residencia, naturalización y ciudadanía, de acuerdo a lo establecido en nuestra constitución política y las leyes especiales complementarias en la materia.

Sin menoscabo de lo anterior, desde hace unos días anda circulando la información de que el Estado dominicano a través de su representación diplomática debidamente acreditada ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se apresta a concertar la firma de un “Pacto Mundial sobre las Migraciones y Refugiados”, en un evento a celebrarse en Marruecos, los días 10 y 11 de este mes de diciembre.

A una buena cantidad de dominicanos, les ha tomado por sorpresa la celebración de este cónclave, mientras que ciertos líderes de opinión, así como, algunos ciudadanos, comienzan a señalar posibles perjuicios para la soberanía nacional de aceptarse algo como eso. La verdad es que existe mucha desinformación y temores que deben ser esclarecidos o despejados con prontitud.

Se debe exigir a la administración del Presidente Danilo Medina y al oficialista, Partido de la Liberación Dominicana, una aclaración respecto de las implicaciones inmediatas que tiene el posible compromiso de participar en la aceptación de este pacto, además hay que solicitar encarecidamente que se dé a conocer a toda la población, con total transparencia –y en el más breve tiempo posible- los detalles, términos y condiciones que tendría este tipo de tratados o pactos para el Estado y la población dominicana en general.

Hay que recordarle al gobierno dominicano que aunque somos una nación compuesta de emigrantes desde nuestros orígenes y altamente tolerante de la inmigración, como muestra de ello, podemos exhibir la existencia de minorías raciales y de cierta variedad étnica en nuestra amada República Dominicana pero, la política migratoria es indelegable a terceros, máxime por el hecho de que es una atribución inalienable del Estado Nacional y dicha potestad no puede ser transferida a ningún organismo regional o multilateral, sin haberse agotado una serie de procedimientos internos y consultas con amplios sectores de la sociedad dominicana.

Estamos a favor de una inmigración legal, con orden y reglas claras. La inmigración como tal, es un fenómeno natural en todas partes del mundo e incluso en muchos casos, son un valor agregado al país receptor, ayudando a crear riqueza y prosperidad al Estado. En caso contrario, cuando la inmigración es desordenada, irregular e ilegal, de colectivos humanos altamente empobrecidos y que se erigen en una carga para el Estado-Nación, el Estado debe regularizar y controlar el flujo migratorio para evitar desórdenes sociales y desastres de tipo humanitario que afecten tanto a nacionales como a extranjeros.

Entendemos que el gobierno del oficialista, Partido de la Liberación Dominicana (PLD) debe estar claro que ninguna corte internacional u organismo multilateral, puede imponer sus fallos o sus decisiones a nuestro país por encima de nuestra constitución (tal y como indica el artículo 2) y que en dado caso, los tratados o pactos de este tipo, deben ser refrendados no sólo por el Congreso Nacional, en sus dos cámaras, sino debe someterse al control de la constitucionalidad de las leyes por el Tribunal Constitucional (TC) y también se recomienda ampararse en la legitimidad de un referéndum, como medio para el ejercicio de la democracia de forma directa del pueblo como soberano, tal y como lo contemplan los artículos 2, 3 y el artículo 210 de nuestra actual carta magna, por el hecho de tratarse de migración y de fronteras, aspectos estrechamente vinculados a la seguridad y defensa del Estado dominicano que lo conforman todos sus habitantes.

Nos llama poderosamente la atención, que hace ocho años que se aprobó la actual constitución y todavía no tenemos una ley orgánica de referendo, como marco regulatorio para estos procedimientos de democracia directa como ordena nuestra ley fundamental. Cuando vamos a aprobar la ley de referendo? Cuando vamos a dejar de violar y de incumplir impunemente la constitución?

Tampoco se nos ha explicado si el pacto mundial sobre las migraciones es obligatorio o no vinculante para nuestra nación, elemento fundamental en la aceptación o rechazo de convenciones y tratados internacionales.

También nos parece que el gobierno dominicano, ha estado manteniendo el tema de la celebración de este pacto en bajo perfil, para distraernos con temas triviales de toda índole, para no tener que rendir cuentas ante la población de las decisiones que podrían tomar y de las consecuencias que eso puede tener. Acaso el aumento del presupuesto a las dos cámaras del Congreso Nacional, puede deberse a una maniobra para aplacar cualquier negativa a aprobar pactos o tratados como ese? Están usando este tema controversial, para manipular casos judicializados de corrupción estatal de naturaleza internacional? Son algunas de las preguntas que nos hacemos.

Advertimos que cualquier aceptación de fallos, pactos y tratados, sin someterse a los procedimientos legales constitucionales de aprobación o rechazo, podría adolecer de la necesaria legitimidad e interpretarse como atentatorios de la soberanía nacional, la cual reside en el pueblo, no en el Estado directamente, ni en quienes lo dirigen.

 

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