Sociedad

Miguel Surun, Presidente del CARD, rechaza que Cámara de Cuentas audite su gestión al frente del gremio jurídico

SANTO DOMINGO.-  La Cámara de Cuentas de la República Dominicana puso al conocimiento del Ministerio Público, la negativa del Colegio de Abogados (CARD) a ser sometida a una auditoría financiera por parte del órgano estatal, en el periodo 2016-2018 correspondiente a gestión de Miguel Surún Hernández.

 

En una carta dirigida al procurador Jean Alain Rodríguez, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, explica que el 2 de mayo del año pasado, fue cuando el organismo solicitó en una comunicación la colaboración del Colegio y envió las credenciales de los auditores que realizarían la función fiscalizadora. Hasta la fecha, la Cámara dice que no ha tenido respuestas para que sus empleados puedan realizar el trabajo.

 

Esta carta fue recibida por el procurador ayer 12 de agosto, el mismo día en el presidente del gremio, Miguel Surún Hernández comunica su decisión de renunciar al Partido de la Liberación Dominicana, por supuestos “maltratos y hostigamiento” a su persona. El gremialista envió la misiva, también el 12 de agosto, al presidente de la organización política, Temístocles Montás, en la que se queja del “maltrato sistemático” que ha recibido, debido los reclamos del gremio al Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, por la virtualización de los procesos judiciales.

 

Sobre la negativa de auditoría, el presidente de la Cámara de Cuentas Álvarez Pérez explica que el 15 de mayo del 2019, hubo una reunión en la que el gremio solicitó tres semanas  para habilitar un espacio físico para los profesionales de la Cámara de Cuentas que realizarían la este trabajo. “Al respecto, a pesar de las comunicaciones cursadas y de haber transcurrido más de 12 meses de la reunión de fecha 15 de mayo del 2019… Hasta la fecha no se nos ha notificado la habilitación del espacio prometido. Asimismo, se ha negado a recibir las comunicaciones que hemos realizado relativas a darle inicio a los trabajos fiscalizadores”, explica.

 

El periódico Acento tuvo acceso a esta comunicación de tres páginas fechada el pasado 11 de agosto, en la que Álvarez hace mención a otros 10 documentos como anexo, de comunicaciones y correos intercambiados por el gremio y la Cámara de Cuentas. Este intercambio se realizó, siempre de acuerdo a la Cámara de Cuentas, desde inicios del 2019 que se solicita la auditoria, hasta el pasado 5 de agosto de este año, cuando el Colegio de Abogados informa que están en proceso de mudanza y se contactarán con la Cámara.

 

En dicha misiva la institución estatal recuerda que el patrimonio del Colegio de Abogados, está integrado por recursos del Estado y se encuentra, consecuentemente, sujeta al control de esa institución.

 

La Cámara de Cuentas advierte que, en caso de desacato de particulares (como evidentemente describe la actitud del CARD), la Ley 10-04 que rige el organismo, dispone que es pasible de sanciones como multas y prisión de seis meses a dos años. “Les remitimos los documentos que sustentan nuestra comunicación y los hacemos de su conocimiento para que procedan con los fines a los que haya lugar”, termina la carta.

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