Home / Opinion / Ni Primarias Abiertas, ni Posverdad, el país necesita elecciones democráticas

Ni Primarias Abiertas, ni Posverdad, el país necesita elecciones democráticas

foto-de-bandera-dominicana-en-marcha-verde

Por: Marcos J. Núñez / “Opinando” /

El presidente Leonel Fernández público ayer lunes 2 de abril, en su acostumbrada columna del Listín Diario, un interesante artículo abordando el tema de las primarias abiertas y la manipulación que de ello se hace como posverdad.

Las primarias simultáneas hasta hace poco, estaban consignadas en los artículos 32, 36, 37 y siguientes del anteproyecto de ley de partidos que se discute actualmente en ambas cámaras del Congreso Nacional. A nuestro modo de ver, este tipo de primarias para escogencia de candidatos a cargos en los tres diferentes niveles de elección en los comicios nacionales, debe estar consignado en realidad en una ley orgánica o código del sistema electoral que no se ha debatido todavía.

El anteproyecto original aportado por la Junta Central Electoral (JCE) en el año 2011, establece la celebración de primarias con padrón cerrado o de militantes y dirigentes exclusivamente, para escoger las autoridades partidarias internas y también las candidaturas a cargos de elección popular en los comicios generales con la intervención de la JCE, pero no establece primarias simultáneas abiertas como tal.

En tal sentido, lógicamente hay tres tipos de primarias que se pueden hacer:

  1. Primarias abiertas de votación libre de todos los ciudadanos con el padrón de todos los inscritos en el registro electoral, sin excepción de ningún tipo.
  2. Primarias cerradas con el padrón de militantes del partido o agrupación exclusivamente.
  3. Primarias semi-abiertas o mixtas, con el padrón de militantes inscritos y votación de ciudadanos simpatizantes pero no inscritos en otros partidos y agrupaciones políticas. Este es el tipo de primarias que siempre se ha hecho en el país y el método mas democrático de participación de militantes y ciudadanos por igual.

Para el caso que nos ocupa, las primarias simultáneas deberían ser con el padrón interno de inscritos en la organización política porque de lo contrario, serian en principio, elecciones nacionales anticipadas al tercer domingo de mayo y eso es en principio, inconstitucional.

Los procesos internos de los partidos y organizaciones políticas son cada vez más complejos debido a que cada día se amplifican las posiciones objeto de las aspiraciones de dirigentes y militantes o se crean nuevos cargos de elección popular con la instauración de ciertas reformas políticas.

La aplicación de las primarias simultáneas abiertas en países desarrollados o en vías de desarrollo conlleva una logística y una organización que se aplica en algunos casos desde un año antes de la celebración de las primarias (Argentina y Uruguay), ya que miles de precandidatos a todos los niveles de elección (federal o nacional, estatal o regional, municipal o local, etc.) se presentan al proceso y deben ser depurados para luego participar y ser elegidos.

A favor de las primarias simultáneas está:

1. Seria a decir de algunos, una forma de ejercer mejor control sobre la militancia de los partidos y con ello se evita el trasiego de “votantes tránsfugas” para elegir los candidatos preferidos por ciertos intereses en otro partido o la alteración del listado de concurrentes de cada organización para incluir en último momento a gente que no estaba supuesta a votar por ese partido por pertenecer a otra organización política. En ambos casos, las verdaderas y genuinas simpatías partidarias se verían seriamente afectadas de no legislarse para evitar que sigan sucediéndose episódicas denuncias de fraude o intromisión a este respecto.

2. Reduciría y fijaría el tiempo dedicado por las organizaciones políticas a la llamada precampaña o campaña interna, larga e interminable, en la que regularmente se producen episodios de divisionismo, de uso excesivo de publicidad y gasto excesivo de recursos económicos. Con la intervención directa de un órgano regulador como la JCE, obviamente podría haber mayores controles y limites en el ejercicio de ciertos derechos. Ahora mismo los partidos carecen de orden, criterio y arbitraje interno para disipar los excesos de su dirigencia.

3. Disminuiría la gran cantidad de partidos y organizaciones políticas existentes en la actualidad, quedando sólo en el sistema electoral, aquellas que mantengan una militancia real, las que presenten candidatos potables con propuestas concretas y posean representación congresional, municipal y nacional permanentes.

 

En contra de las primarias simultáneas está:

  1. En contra de las primarias simultáneas obligatorias o multi-primarias está la dificultad que tendría la JCE de encontrar y entrenar más recursos humanos sobretodo adecuados para implementar la logística y organización para elegir miles de pre-candidatos de un sistema de partidos plural y muy atomizado como el nuestro, el cual cuenta con unos 27 partidos políticos reconocidos.

 

  1. En la práctica, la implementación de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, convertiría a los partidos en entidades políticas nominales y ceremoniales, reduciendo drásticamente la incidencia e importancia de la militancia y la dirigencia en la toma de decisiones. Desde el instante en que se produzcan las primarias de este tipo, ningún partido podrá exigir ciertos requisitos de forma y de fondo a los ciudadanos que deseen ser parte militante de dichas organizaciones. Si con el sistema actual tenemos a nuestras agrupaciones políticas convertidas en auténticas agencias “remesadoras” al congreso y alcaldías de gaseros, banqueros de loterías y demás yerbas aromáticas, capaces de imponer la fuerza del dinero por encima del mérito, la formación y el deseo de servir, que no será con un esquema totalmente abierto donde la reglas de competencia sean de aplicación difusa?

 

  1. Según el artículo 216 de la actual constitución, los partidos políticos y agrupaciones políticas deben organizarse libremente pero con sujeción a los principios constitucionales. Y ese mismo artículo indica que los partidos políticos deben sustentarse en los principios de democracia interna, lo que indiscutiblemente significa que es la militancia de las organizaciones políticas, las que deciden democráticamente en dicha elecciones.

 

  1. La constitución establece en su artículo 47, un principio fundamental que es la libertad de asociación. El derecho a asociarse es una facultad constitucional que poseen los ciudadanos siempre y cuando lo hagan para realizar actividades licitas. En ese tenor, el tribunal constitucional dominicano ha emitido algunas jurisprudencias, las cuales mencionaremos brevemente:

a) Sentencia 31/2013: “…concibe la creación de partidos políticos como agrupaciones de ciudadanos que se organizan, con el fin primordial de participar en la elección de ciudadanos aptos para los cargos públicos y de propender a la realización de programas trazados conforme a su ideología particular”

b) En la sentencia 531/2013 precisó que “los partidos no son “corporaciones de derecho público” sino la expresión de una libertad genérica de asociación política.

c) En la jurisprudencia constitucional 006/2014, el Tribunal Constitucional indica que “Los partidos constituyen un espacio de participación de los ciudadanos en los procesos democráticos donde los integrantes manifiestan su voluntad en la construcción de propósitos comunes”.

d) En otra de sus interpretaciones, la jurisprudencia 192/2015, el TC indica que “los partidos políticos son instituciones públicas, pero no de naturaleza estatal y poseen una base jurídica asociativa, y en consecuencia deben garantizar y regular el derecho de los ciudadanos convertidos en militantes a intervenir en la vida interna de la agrupación.”

 Eso quiere decir que los ciudadanos tienen el derecho de asociarse en partidos para actividades lícitas. Sobre este punto, el Tribunal Constitucional ha precisado la naturaleza asociativa de los partidos políticos; que si bien son organizaciones públicas, no son estatales.

 5. La existencia de una jurisprudencia ampliamente conocida y discutida, emitida por el más alto organismo jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia en marzo del año 2005, la cual declaró inconstitucional la ley de primarias abiertas y simultáneas 286-04. Posteriormente, la nueva constitución del año 2010, estableció el mecanismo para que este tipo de sentencia de inconstitucionalidad no fuese revisada por ningún órgano jurisdiccional o extra-poder, instituido en virtud de ese mismo texto constitucional reformado.

  6.  La celebración de primarias abiertas obligatorias y simultaneas seria prácticamente unas elecciones generales adelantadas, en vez de ser certámenes partidarios internos para elegir a los candidatos a cargos gubernamentales en los tres niveles de elección. Esto se explica a raíz de la propuesta insistente del sector Danilista del partido oficial, de convocar a unas primarias internas partidarias con el padrón de la Junta Central Electoral, el cual consta de la totalidad de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, prácticamente igual a como lo establece la constitución de la república, para la celebración de las asambleas electorales o elecciones.

Pero para salir de dudas, veamos que dice la constitución en su artículo 208 y siguientes:

“Artículo 208.- Ejercicio del sufragio. Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto.”

 

Como se puede observar, el art. 208 indica que el sufragio se efectúa “para elegir a las autoridades del gobierno y para participar en referendos”, entendiéndose el ejercicio del “sufragio” en el sentido en que más adelante, el artículo 209 explica y completa, indicando lo siguiente:

“Artículo 209.-Asambleas electorales. Las asambleas electorales funcionarán en colegios electorales que serán organizados conforme a la ley. Los colegios electorales se abrirán cada cuatro años para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, a los representantes legislativos, a las autoridades municipales y a los demás funcionarios o representantes electivos. Estas elecciones se celebrarán de modo separado e independiente. Las de presidente, vicepresidente y representantes legislativos y parlamentarios de organismos internacionales, el tercer domingo del mes de mayo y las de las autoridades municipales, el tercer domingo del mes de febrero.”

Como establece el artículo 209, el sufragio es la votación personal, libre, directa y secreta en las asambleas electorales que se reunirán cada cuatro años en dos elecciones, la primera a nivel municipal, el tercer domingo de febrero y la segunda a nivel presidencial-congresional el tercer domingo de mayo, pero con el sistema de doble vuelta a nivel presidencial, con la posibilidad de una tercera elección o segunda vuelta para el nivel presidencial, el último domingo de junio.

De acuerdo a lo anterior, unas Primarias Abiertas Obligatorias y Simultaneas (PASO) con padrón abierto de todos los inscritos en el registro electoral (cerca de 8 millones de personas) para el ejercicio del sufragio comporta una decisión implícita de celebrar un proceso comicial anticipado que la constitución no reconoce, puesto que el articulo 208 solo habla de elegir autoridades de gobierno, no candidatos o precandidatos a través de este método de elección conocido como PASO.

Como se puede ver, para poder organizar unas PASO se hace necesaria una modificación del texto constitucional que al efecto indique de manera enunciativa y sucinta que las PASO funcionarían como “asambleas de ciudadanos para elegir candidatos postulados por los partidos o agrupaciones políticas” y no como “asambleas electorales para elegir autoridades de gobierno”, ya que es muy evidente las diferencias jurídico-conceptuales entre ambas proposiciones, así como, en las implicaciones y consecuencias que estas tienen.

7. Otro elemento a destacar es que las PASO, sería incorporar un cuarto nivel de elección no oficial en un breve lapso de aproximadamente ocho meses. Estamos hablando que las elecciones municipales se celebrarían tres meses antes que las presidenciales-congresionales y en caso de una segunda vuelta en el nivel presidencial, mes y medio después de la última elección. Las PASO como es lógico se tendrían que celebrar cuando menos tres meses antes de las elecciones municipales del tercer domingo de febrero, lo que fijaría ese proceso a mediados de noviembre del año anterior a los comicios municipales. Y surge entonces la gran interrogante. Esta el pueblo dominicano preparado para embarcarse en un largo proceso electoral intenso y lleno de vicios, imperfecciones, de ausencia de controles institucionales, como hemos visto, con el elemento agravado de la aplicación del voto preferencial a nivel tanto municipal como congresional?

 

 ADVERTENCIAS Y DESAFÍOS

Para la implementación de las primarias abiertas como desea fervientemente un sector del partido oficial, se podría requerir un aumento sustancial en la asignación presupuestaria de la Junta Central Electoral para organizar un proceso tan complejo al que aspirarían varios precandidatos en los niveles congresional, municipal y presidencial.

Habría que crear y diseñar varias boletas impresas diferentes para cada grupo o plancha de candidatos de cada uno de los 27 partidos políticos en 32 provincias, 160 municipios y 230 distritos municipales.

Para reducir quizás un poco lo trabajoso y delicado de un proceso semejante, una alternativa podría ser convertir -en futuros procesos electorales posterior a los comicios del 2020-, en electrónico tanto el escrutinio como el sufragio, sin embargo, las accidentadas y poco organizadas elecciones del año 2016, demostraron en la práctica que la aplicación de EL MECANISMO anteriormente descrito, no sería del todo eficiente dado que los votantes no han sido entrenados e instruidos con suficiente tiempo de antelación y en cuanto a los encargados de los aparatos electrónicos, el proceso electoral del 2016, nos enseñó como misteriosamente “renunciaron” supuestamente faltando días para las elecciones, sin que hubiese una explicación satisfactoria de parte de las autoridades electorales a estas renuncias.

En las elecciones generales del 2016, se presentaron casi 5 mil candidatos a cargos de elección popular a todos los niveles. Habría que multiplicar esos casi 5 mil cargos de elección popular por 27 partidos establecidos, más las agrupaciones provinciales, municipales y los nuevos partidos reconocidos. Estamos hablando de que en unas primarias simultáneas participarían entre 50 mil a 143 mil candidatos. Un proceso ¡virtualmente inmanejable!

En medio de cualquier posible desorden de esa magnitud, los partidos u organizaciones políticas entregarían el control total de todo el proceso a manos de las entidades nacionales electorales a cargo de administrar el proceso comicial y dirimir por la vía del litigio judicial las diferencias surgidas al calor del proceso electoral. Debemos recordar que casi siempre los cinco miembros de la Junta Central Electoral y los jueces miembros del Tribunal Superior Electoral obedecen a determinadas simpatías partidarias como parte de EL MECANISMO de control y blindaje por parte del poder político.

Pero no huelga decir que, existe una jurisprudencia de fecha 16 de marzo del año 2005, emitida por el anterior pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia con respecto a la ley general de primarias 286-2004, promulgada el 15 de agosto del 2004, la cual declaró por vía del control concentrado, la inconstitucionalidad del citado marco legal por los siguientes motivos:

  1. Vulnera el principio de la democracia interna de los partidos.
  2. Establece unas primarias internas que en la práctica son unas elecciones generales adelantadas a los comicios de mayo.
  3. Debilita un derecho fundamental como es la libertad de asociación y también la libre afiliación.
  4. Vincula las primarias de los partidos con una función estatal, más allá de lo estrictamente electoral.
  5. No consigna los fondos con cargo al presupuesto nacional, para la aplicación de la ley. Este último elemento, fue primordial para producir la declaratoria.

La constitución actual promulgada en 2010, enmendada en el 2015, va más allá y en el artículo 277 establece claramente que las decisiones jurisprudenciales emanada bajo la tutela de la anterior constitución del 2002 y por vía del antiguo control concentrado de la Suprema Corte de Justicia en materia de constitucionalidad, no pueden ser alteradas, ni revisadas por ningún tribunal posterior a menos que, el procedimiento de ley (constitucional) así lo indique, pero no es el caso.

Eso indicaría que para implementar las primarias abiertas simultáneas y obligatorias habría que revisar la constitución y las jurisprudencias emanadas bajo el nuevo orden constitucional a partir del 26 de enero del 2010, y estas dependerían ineluctablemente del nuevo procedimiento establecido en la materia. En todo caso habría que modificar la constitución para permitir las primarias simultáneas abiertas, ya que el art. 277 “frisó” cualquier intento de modificar el antiguo régimen jurídico con sentencias declaratorias de inconstitucionalidad, hasta el 25 de enero del 2010. No obstante, para salir de dudas, veamos que dice el artículo 277:

“Artículo 277.- Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia.”

Como se puede ver en la parte in fine del párrafo anterior, para poder implementar las primarias abiertas simultaneas y obligatorias, habría que modificar primero la constitución actual, luego la ley orgánica 137-11 que instituye el Tribunal Constitucional y el procedimiento ante ese órgano extra-poder y por último, luego de las reformas anteriores, se podría incluir las primarias abiertas en una ley de partidos o ley orgánica codificada del sistema electoral.

Eso obligaría a los partidos políticos, la sociedad civil, el empresariado, la iglesia y la representación diplomática acreditada en el país a converger en la conformación de un pacto de reforma integral del sistema político, electoral y constitucional al que también habría que revestir de legitimidad sometiéndolo a EL MECANISMO de un referéndum vinculante, previa aprobación del procedimiento de consulta por las 2/3 partes de los presentes en las cámaras del congreso, al tenor de lo indicado por el artículo 210 de la constitución política del 2010.

Y en caso de que el oficialismo en sus dos versiones -que son dos caras de una misma moneda-, decida dejar de sabotear la instauración de un nuevo marco jurídico electoral, lo suficientemente democrático como para rodear de garantías y transparencia los procesos comiciales en el país, entonces el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse a la mayor brevedad posible, una vez promulgada una ley de partidos o electoral que contenga la aplicación obligatoria de las primarias abiertas simultaneas, declarando parcialmente la inconstitucionalidad de ese aspecto de la ley, para lo cual ese alto tribunal de justicia, está facultado.

En todo caso habría que ver, si el partido de ping-pong entre las dos tendencias del PLD, alargaría irresponsablemente el “juego” hasta el año 2020, para evitar que exista EL MECANISMO legal que sancione y limite el uso excesivo de los recursos públicos, el abuso del poder y la competencia electoral desleal. De no producirse lo anterior y ante tal circunstancia, ningún retiro masivo de oficiales de los cuerpos castrenses, manipulación mediática para exacerbar el nacionalismo o fútil discusión filosófica sobre los manejos gubernamentales de la posverdad, detendría la posibilidad hasta de una guerra civil y la posible intervención directa de un gobierno extranjero de forma combinada, algo que no ocurre desde abril de 1965, pero ante un escenario apocalíptico de desastre electoral, problemas económicos, crisis política y descontento social acumulado por la insatisfacción de amplios sectores de la sociedad organizada con el status quo reinante, podría volver a repetirse.

La sociedad dominicana lo que necesita realmente es un liderazgo que sin temor a la cárcel o reyertas partidarias, de un paso adelante para defender la democracia.

Commodum ex iniuria sua nemo habere debet.

(“Ninguna persona ha de obtener ventaja de su propio mal”).

 

Comentar

Su dirección de correo electrónico no será publicada.Los campos necesarios están marcados *

*