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Nivelemos la balanza!

FOTO DE JESUS M. GUERRERO

Es de conocimiento público que el Consejo Nacional de la Magistratura será convocado en el año 2017, para elegir los nuevos jueces que conformaran las Altas Cortes, una oportunidad de oro para lograr el equilibrio democrático y restablecer orden en el Poder Judicial.

Tal como expresa el artículo 181 de la Carta Sustantiva, el cual cito:

“Los jueces de la Suprema Corte de Justicia estarán sujetos a la evaluación de su desempeño al término de siete años a partir de su elección, por el Consejo Nacional de la Magistratura. En los casos en que el Consejo Nacional de la Magistratura decidiere la pertinencia de separar un juez de su cargo, deberá sustentar su decisión en los motivos contenidos en la ley que rige la materia”.

Aunque debemos aclarar que los jueces que conforman el Tribunal Constitucional tendrán una permanencia de 9 años en el cargo, tal como establece el párrafo primero del artículo 187 de la Constitución.

También establece que la composición del TC será renovada cada 3 años de manera gradual y que ninguno de sus jueces podrá ser reelegido.

En el mismo tenor se encuentra la conformación de los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral, que luego de este proceso electoral, quedo bastante claro que necesitamos una JCE totalmente nivelada. El Senado tiene la responsabilidad de elegir hombres y mujeres imparciales, transparentes y capaces.

El artículo 212 de la Carta Magna, en su párrafo primero, establece lo siguiente:

“La Junta Central Electoral estará integrada por un presidente y cuatro miembros y sus suplentes, elegidos por un período de cuatro años por el Senado de la República, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes”.

Tal como plantea nuestra Ley Sustantiva sobre el control de los fondos públicos en su artículo 246, el cual designa de manera directa al Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República como las instituciones responsables de la fiscalización del gasto público.

En el artículo 248 de la Constitución, el cual citamos textualmente:

“La Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Tiene personalidad jurídica, carácter técnico y goza de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria. Estará compuesta de cinco miembros, elegidos por el Senado de la República de las ternas que le presente la Cámara de Diputados, por un período de cuatro años y permanecerán en sus funciones hasta que sean designados sus sustitutos”.

Ya conociendo los organismos encargados de la elección de los jueces de la SCJ, TC, TSE, de la JCE y de los miembros de la CC, respectivamente. Estamos obligados a exigir la designación de hombres y mujeres con hojas de vidas excepcionales, tanto en lo profesional como en su vida pública y privada.

La politiquería debe pasar a un segundo plano sin importancia, porque nos estamos jugando el balance del régimen democrático, que se encuentra malogrado con el colapso del sistema de partidos políticos.

Deben comprender que más institucionalidad significa más democracia y eso es posible con jueces imparciales, que han probado a lo largo de su vida que su nombre vale más que cualquier dadiva por mirar al otro lado para que la ignominia prevalezca.

Tener unas Altas Cortes que cuenten con jueces de carrera que  enaltezcan el Poder Judicial.

Todos estos organismos se engrandecerían contando con la presencia del jurista Ramón Antonio Veras, mejor conocido como Negro Veras, de quien todos conocemos su hoja de vida y entrega por las mejores causas del país.

El catedrático y joven abogado Fausto Montes de Oca, cuenta con una hoja de vida limpia y de éxitos profesionales. Aportaría algo que necesita la JCE, equilibrio, disciplina y sobre todo amplios conocimientos sobre la resolución alternativa de conflictos, cosa que concluido este proceso debemos que reconocer que brillo por su ausencia. También podría hacer un gran servicio desde la CC.

Traigo a colación a estos dos ciudadanos para hacer mayor énfasis en el perfil que necesitan estas instituciones, para superar las fallas del pasado.

Hay un puesto en especial que debe ser ocupado por alguien con la capacidad profesional pero sobre todo moral, me refiero al Defensor del pueblo. Dicho cargo es definido en los artículos 190, 191 y 192 la Carta Magna.

Quienes conformen estas instituciones deben ser sinónimos de probidad y entrega. Ciudadanos ejemplares, que dignifiquen sus cargos y sean decorosos servidores públicos.

Por Jesús M. Guerrero

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