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#OPOSICION: Max Puig dice con fracaso financiero Punta Catalina falla política eléctrica del Gobierno de Danilo

Santo Domingo.- Alianza por la Democracia (APD) es un partido político dirigido por Max Puig. APD afirma que “la falta de transparencia con la que se ha manejado el proyecto de Punta Catalina ha permitido una alteración dolosa de sus costos”, haciendo referencia a la decisión que tomó el gobierno de vender parte de las acciones de esta planta a carbón localizada en Peravia.

FOTO DE MAX PUIG

A continuación la declaración de la Alianza por la Democracia (APD) sobre la venta de acciones de las plantas energéticas de Punta Catalina.

Detrás de la supuesta venta de acciones se esconde muy probablemente el propósito de utilizar los fondos de pensiones de los trabajadores en el proyecto energético de Punta Catalina, a lo cual se opone la APD.

Lo único que puede salvar el proyecto de Punta Catalina es la conversión de las plantas de carbón en plantas de gas.

El consorcio beneficiario del proyecto Punta Catalina no cumplió con su obligación contractual de procurar el financiamiento necesario para la realización de las obras.

En vez de exigir el cumplimiento del contrato el gobierno lo que hizo fue financiar el proyecto con fondos de los contribuyentes.

Al justificar la venta de acciones de Punta Catalina por las limitaciones financieras del Estado el gobierno pone en evidencia que el país está colocado frente a serias dificultades económicas que el propio gobierno no sabe cómo afrontar y a las cuales pretende darle salida con medidas improvisadas y de alto riesgo.

Al anunciar que pondrá en venta acciones del Consorcio Punta Catalina por un valor equivalente a mil millones de dólares por carecer de recursos para continuar la obra, el gobierno confirma el fracaso financiero de este cuestionable proyecto y, con ello, admite también en los hechos el fracaso de su política eléctrica.

Para la Alianza por la Democracia (APD), el anuncio de la venta de acciones, cuyas condiciones y características el gobierno ha mantenido en secreto a pesar de reconocer que está negociando desde ya con siete empresas, se inscribe dentro de los procedimientos erráticos y faltos de transparencia que han caracterizado la historia del proyecto de Punta Catalina.

Tomando en cuenta los precedentes, la APD no descarta que el anuncio de la venta de las acciones sea una nueva cortina de humo destinada a esconder un propósito oculto, como sería la utilización de los fondos de pensiones de los trabajadores dominicanos en las plantas de carbón cuya construcción se encuentra hoy semiparalizada por falta de recursos.

La APD se ha opuesto a la construcción de las plantas de carbón por considerar que este es el más perjudicial de los combustibles fósiles, al generar grandes emisiones de dióxido de carbono y producir una contaminación que afectaría gravemente la salud, las actividades agropecuarias y el medio ambiente de la provincia Peravia.

En adición a esta razón de fondo, la APD se opone con firmeza a la utilización de los fondos de pensiones en Punta Catalina, por considerar que, desde el punto de vista financiero, esta sería una inversión de alto riesgo que pondría en peligro recursos reservados a cubrir las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras dominicanos.

La APD reitera su planteamiento de que la única posibilidad de hacer viable la construcción y operación de las plantas de Punta Catalina, al mismo tiempo que se minimizan los efectos ambientales negativos, es convirtiéndolas en plantas operadas por gas natural en vez de carbón. Esta solución abriría las puertas del financiamiento internacional que no ha sido posible obtener para las plantas de carbón.

Para la APD es importante resaltar que la causa directa e inmediata de la falta de recursos para la construcción de las plantas que aduce el gobierno para ofrecer en venta las acciones es responsabilidad del mismo gobierno al permitir la violación de normas básicas en que se asentó la licitación.

Según estas normas las empresas participantes debían comprometerse a obtener el financiamiento de la obra como requisito para poder registrarse en la licitación. Tal compromiso de base quedó posteriormente consignado en el contrato suscrito con el consorcio beneficiario y que fue ratificado por el Congreso Nacional.

Al irrespetar los contratistas su obligación de procurar el financiamiento el gobierno dominicano, en vez de exigir el cumplimiento, fue en su auxilio de manera ilegal aportando recursos públicos. Los fondos para tal fin provinieron de los ahorros de los subsidios que el Estado dejó de aportar como resultado de la caída de los precios internacionales del petróleo.

Como consecuencia del incumplimiento en la obtención del financiamiento debido a razones tan variadas como la sobrevaluación del proyecto, la opción por el carbón que tiene un cada vez mayor rechazo en el mundo y las investigaciones judiciales a que ha sido sometida en Brasil la empresa líder del consorcio, el retraso y la elevación de los costos financieros incrementarán los costos totales de las plantas de Punta Catalina a más de 3 mil millones de dólares.

La Alianza por la Democracia (APD) ha sostenido, y reitera, que la decisión de hacer depender la generación eléctrica de la República Dominicana del carbón es una decisión completamente equivocada y dañina que el gobierno nunca debió haber tomado. Se trata de una medida errónea desde el punto de vista ambiental que ha sido pésimamente ejecutada en términos legales y financieros, al tiempo que han sido violentados preceptos éticos fundamentales.

La falta de transparencia con que se ha manejado el proyecto de Punta Catalina ha permitido una alteración dolosa de sus costos, múltiples violaciones legales y una administración financiera irresponsable que ha afectado gravemente los recursos públicos y los niveles de vida del pueblo dominicano.

Si el proyecto de Punta Catalina ha llegado a la engorrosa situación en que se encuentra al día de hoy eso se ha debido a que durante los últimos tres años el gobierno y los ejecutivos de la CDEEE han ocultado datos fundamentales y han difundido informaciones ajenas a la verdad, confundiendo a la ciudadanía sobre las condiciones de la licitación, las características y costos reales del proyecto, así como acerca de las negociaciones llevadas a cabo para asegurar su financiamiento.

A todo cuanto antecede se debe agregar el hecho, decisivo, de que al justificar la venta de las acciones de Punta Catalina por la insuficiencia de fondos del proyecto y del presupuesto nacional el gobierno reconoce dos situaciones de suma gravedad.

Se admite, en primer lugar, que la casi totalidad de las informaciones que el gobierno ha estado suministrando desde hace tiempo sobre los supuestos financiamientos obtenidos y por llegar para Punta Catalina, resultaron ser falsas.

En segundo lugar, al plantear el presidente de la República que el propósito de la venta de las acciones de Punta Catalina es “producir un alivio financiero” para el presupuesto del próximo año, está reconociendo las graves dificultades de un presupuesto que ahonda el déficit fiscal provocado por la reelección presidencial y que carece de fuentes financieras suficientes y seguras.

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