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¡Qué sea el pueblo, quien elija a los jueces de las llamadas “Altas Cortes”!

 

FOTO DE ROLANDO FERNANDEZ

Ante una denuncia de ese “calibre”, como la que está haciendo el connotado jurista nuestro, doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, y que apareció en el medio digital “almomento.net”, edición de fecha 27 de diciembre del 2015, bajo la firma del periodista Jhonny Trinidad, al igual que en otros periódicos escritos de amplia circulación nacional, que entendemos debe tener suficiente base sustentatoria, por el perfil, tanto personal, como profesionalmente hablando, de quien la expresa, por una parte.

Por otra, los escándalos que desde hace tiempo ya se vienen verificando a nivel del Poder Judicial nuestro, evidentemente regenteado a base de fuertes intereses políticos, como económicos locales, situación esa que explosionó de manera muy marcada durante el año 2015 que finaliza, haciéndose eco la opinión pública, tanto a nivel nacional como internacional.

En adición, que mientras sean los políticos representantes de los sectores nuestros gobernantes, aposentados aun sea de forma transitoria en los poderes del Estado nacional, Legislativo y Ejecutivo, quienes tengan a su cargo la conformación del tercer Poder, el Judicial, jamás se podrá esperar que desde allí se actúe con la independencia mental demandada; con la venda en los ojos que tal administración y aplicación requieren.

Es obvio que, siempre se habrán de deber favores y reciprocidades a quienes intervengan, o designen a los músicos que conformen esa “orquesta”, cuyos ritmos  no se podrían afinar  nunca de esa manera.

Es por ello que, una declaración como la formulada por el eminente jurisconsulto nuestro, doctor Castillo Pantaleón, debe poner  en alerta a mucha gente en este país, e inducir a la ciudadanía en general a mantenerse como la guinea tuerta; dormir con un ojo abierto y el otro cerrado, tal reza un dicho popular, a los fines de interferir con los objetivos señalados, para que no nos acabe de llevar el diablo a todos aquí.

Dijo: “Grupos empresariales, de la sociedad civil y de partidos políticos pretenden asumir el control de la Suprema Corte de Justicia, “para que actúe al servicio de sus intereses”. Y advirtió en adición, “a esos propósitos también se han sumado grupos foráneos y representaciones de  delegaciones diplomáticas.

Ampliando, señaló que, “las pretensiones de esas instancias no se quedan solamente en la Suprema Corte de Justicia y su presidente, Mariano Germán Mejía, ya que el plan incluye también a la Junta Central Electoral y los tribunales Constitucional y Superior Electoral”.

Reflexionando en el orden de lo expresado, un pensar que vendría a la mente de toda persona sosegada, aunque quizás para muchos parezca algo estúpido es que:  la única forma de evitar el que la administración y aplicación de justicia en la República Dominicana no estén tan supeditadas a los intereses políticos y económicos locales, es que tanto los jueces de la Suprema Corte de Justicia, órgano cabeza del Poder Judicial, como del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Superior Electoral, que conforman entendemos las denominadas “Altas Cortes” en el país, sean elegidos por el voto popular, y que de ellos emanen los nombramientos y las delegaciones de funciones complementarias pertinentes, en el  marco de sus respectivas competencias.

Generalizando, ¿por qué no puede hacerse lo mismo con el Poder Judicial, tal ocurre con los representantes del Legislativo y el  Ejecutivo? ¿No tiene que haber, se supone, independencia total entre los tres?

¡Qué sea el pueblo quien escoja para su designación los jueces de las llamadas “Altas Cortes”! Sabemos que no sería una tarea fácil. Pero, no hay otra forma de introducir en esa importante instancia nuestra, la libertad total de acción que se requiere.

Como se puede apreciar, es solo una idea, ante las pretensiones denunciadas por el señor Castillo Pantaleón, que se infiere no están en el aire, como el “aluvión” de escándalos indecorosos con que ha sido sacudida y atormentada la sociedad nacional durante las últimas semanas del año 2015, que está llegando a su término, provenientes de esos litorales.

Nuestra disciplina profesional no es la de abogado. Ahora, tampoco  creemos que haya que serlo, para estar conscientes todos de que hay que romper con ese maridaje: justicia-políticos-empresarios entre nosotros; pues de otra forma, nunca se podría sanear aquí el Poder Judicial.

Autor: Rolando Fernández

www.rfcainemos.worldpress.com

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