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Un nuevo sistema electoral

Por: Andrés Lugo Risk / MI TURNO.

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Aun persisten las protestas, reclamos e  inconformidades del torneo electoral recién pasado ante las Juntas Electorales y la Junta Central Electoral (JCE) y las impugnaciones y apelaciones ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), como resultado de las numerosas irregularidades, imprecisiones, errores, manipulaciones, tardanzas, delitos electorales, debilidades en la capacitación técnica y electoral de funcionarios de colegios, así como los graves problemas tanto en el conteo manual como en el electrónico, que solo han hecho una cosa, poner en evidencia y al descubierto las debilidades de un sistema electoral que había verificado avances importantes en los últimos años pero que hoy nos presenta la triste realidad de que hemos involucionado.

Es que ya lo advertíamos en otras entregas, cuando abordábamos el tema de la democracia electoral en la República Dominicana, donde expresábamos que las reformas electorales de 1994, producto de la crisis post-electoral y el Pacto por la Democracia, solo constituían una primera ola con un carácter experimental, no definitivo; que se necesitaba de otro proceso de reformas del sistema electoral y el sistema de partidos, una segunda ola que además incluyera cambios especiales que garantizaran el equilibrio y la equidad en la participación de todos los actores durante el período eleccionario mismo, las llamadas garantías electorales.

¿Y qué ha impedido ese nuevo proceso de reformas? La irresponsabilidad y la falta de visión de Estado de nuestra clase política tradicional, muy especialmente, de la clase gobernante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que ha tenido mayoría congresual en los últimos diez años, viendo deteriorarse de manera acelerada el sistema electoral dominicano sin importarle las graves implicaciones institucionales y democráticas que revisten para nuestro país. El sistema electoral comprende la estructura normativa que regula los partidos, los órganos electorales, los recursos contra las decisiones que de estos emanan, el sufragio y el escrutinio. Sin elecciones transparentes, confiables, seguras ni revestidas de credibilidad, arbitradas por funcionarios y jueces no del todo independientes ni apartidistas, las autoridades políticas que de ellas emanan no gozan de la legitimidad necesaria para un eficiente y efectivo ejercicio de sus funciones, aun sean declaradas legalmente elegidas. Aquí radica la importancia del sistema electoral, vital para un sano desarrollo de la vida democrática de una sociedad.

La aspiración de todos debe ser que esta frustrante experiencia electoral obligue a la clase política a dotar al país, de una vez por todas y en cuanto antes, de los resortes legales, normativos, modernos y actualizados necesarios, como una nueva ley electoral, una ley de partidos y una de garantías electorales que nos ayuden a avanzar no solo en materia electoral, sino también en materia política e institucional. Aun estamos a tiempo de enmendar los errores y de unirnos como nación en un mismo propósito de alcanzar un Estado dominicano con una mejor práctica democrática, cívica y ciudadana. Y no tengo dudas de que lo podemos lograr, y ahí, aunque sea de manera tardía, ganaremos todos.

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